Se ha conseguido un periodo transitorio hasta 2026 que permitirá un pago de 12.000 euros para quienes se jubilen o se hayan jubilado desde esa fecha, y que esa cantidad cotice para el cálculo de su pensión de la Seguridad Social.
También se ha conseguido que la Universidad haya creado un tramo de carrera profesional basado en la antigüedad a percibir desde los 62 hasta los 65 años valorado en 13.000 euros.
Ambos supuestos se complementan con una subvención por mentoring valorada en 9.000 euros a la que todas las personas podrán optar al año siguiente de su jubilación.
Es cierto que las cuentas no salen igual en todos los casos que a las calculadas con el viejo premio de jubilación. Pero no debemos olvidar que el antiguo artículo 96 contenía una severa limitación: que lo destinado a este concepto no podía superar el 1% de la masa salarial descontados los gastos de la Seguridad Social. Esa limitación suponía, aproximadamente, que todo iba bien si se jubilaban en un año 45 personas. Si se excedía de ese número había que empezar a poner un tope y a repartir. Y, dada la edad media de la plantilla, vienen años en que esas 45 jubilaciones van a ser 60, 70 y hasta 90 por ejercicio.
Por otra parte, este acuerdo saca del concepto de acción social algo que no debería haber estado allí. Nuestro Pacto tiene hoy 23 años y sigue vigente, pero la realidad social que le vio nacer es distinta de la actual. Hoy no es concebible que un gasto social esté ligado al salario de cada cual. Una ayuda para gafas o prótesis dentales debe tener una cuantía igual para quien las necesita. Y nadie entiende que un A1 tenga derecho a un diente de porcelana y un C2 solo a un diente de plástico.
Por último, se ha conseguido un compromiso institucional que ppermitirá en los próximos años alcanzar una equiparación a la carrera profesional que perciben nuestros compañeros de la DGA, así como una revisión de la devaluada estructura de la plantilla del PTGAS. Nosotros hubiéramos deseado cifras concretas para atar este compromiso financiero, pero no ha sido posible. Nuestra prioridad ha sido encontrar la imprescindible alternativa al gasto social que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal.
Que nadie se llame a engaño: va a haber que seguir trabajando, luchando y negociando para conseguir todos los objetivos que iban en la tabla reivindicativa de la huelga. Especialmente, la discriminación preesupuestara que padece el PTGAS, tema tabú que la Universidad elude persistentemente y que pretende justificar con argumentos que cada vez tienen menor peso.
CGT estará atenta al seguimiento del compromiso alcanzado y vigilará detenidamente todas las decisiones que se adopten en su desarrollo.
La unidad que hemos demostrado es el camino.
Vota sí a la consulta, organízate y sigue luchando
¡Salud!
