Nos parece paradójico que el Consejo de Dirección apruebe un plan energético y, sin embargo, condicione su aplicación a que los centros y unidades soliciten la aplicación de las medidas contenidas en él. ¿Quién decide sobre qué? Si la emergencia energética es de la gravedad que se nos ha comunicado (y no la ponemos en duda) ¿por qué no se adoptan medidas obligatorias para toda la comunidad universitaria y no solo para el PAS? ¿Por qué no se cierra el acceso a despachos del PDI igual que se cierra el acceso a los lugares de trabajo del PAS por las tardes o las bibliotecas y salas de lectura a los estudiantes? No hablamos de laboratorios ni de espacios de investigación o clínicas que requieren una atención constante durante todos los días del año; hablamos de despachos. Y parece que van a seguir estando sin ninguna cortapisa a disposición del PDI que así lo desee. Si la batalla contra el desmesurado incremento de los precios de la energía debe ser un objetivo de toda la comunidad universitaria en estos días, toda la comunidad universitaria debería apreciar que el esfuerzo se distribuye por igual entre todos sus componentes y que el resultado final es fruto del empeño y el sacrificio de todas.
Además, cuando este cierre afecta al PAS se están modificando sustancialmente las condiciones del trabajo, porque las que afectan a “jornada de trabajo, horario, distribución del tiempo de trabajo y trabajo a turnos” tienen esta consideración según la legislación laboral vigente.
Con carácter general, consideramos que el cierre de las tardes en junio, julio y septiembre debe planificarse con la suficiente antelación para que el alumnado y quienes trabajan en la Universidad puedan saber a qué atenerse y programar de forma adecuada su tiempo de estudio, de trabajo y de ocio. Lo mínimo que puede exigirse de un servicio público es que se efectúe en un horario claro y preciso, conocido por todas las personas que lo utilicen y que sea lo más constante en el tiempo que las necesidades o las circunstancias permitan.
En este sentido, pensamos que los periodos en que se cierren los edificios deben ser, como mínimo, de semanas completas. Abrir por la tarde unos días sí y otros no, en unos edificios sí y en otros no, dice muy poco de la capacidad organizativa y la gestión de una Universidad pública.
Lo mínimo habría sido abrir un periodo negociador de duración suficiente para analizar la posibilidad de reducir los efectos negativos de una decisión así y la adopción de medidas que atenuaran las consecuencias negativas para el personal afectado. Finalizada la negociación, habiendo sido escuchada la opinión de los trabajadores así como la dirección de las áreas y sus propuestas, el acuerdo debería comunicarse a los trabajadores con una antelación mínima de 15 días a su entrada en vigor.
En su lugar, se ha modificado de un plumazo el calendario laboral en dos sesiones apresuradas. Se ha incrementado la intervención de los decanatos en la organización del trabajo, ámbito que no es de su competencia, y se le ha dado carta blanca a Gerencia para modificar los horarios del PAS con una escuálida semana de anticipación.
La falta de planificación ha dado lugar a que los distintos centros funcionen como reinos de taifas en los que no se cierra ninguna tarde, se cierran todas, se cierran un poco o se cierran mucho. Los cambios se están haciendo sobre la marcha. Hoy, día 1 de junio, todavía hay facultades donde no se sabe si debe limitar el acceso a determinados espacios, como las salas de lectura, o si todo el edificio va a quedar abierto para el uso de otros espacios de estudio habilitados en rellanos y pasillos. ¿Dónde está el ahorro entonces? En otros, se da el sinsentido de que la sala de lectura permanezca abierta y la biblioteca cerrada, debiendo su personal trasladarse en ese horario a un edificio y una biblioteca distinta. Otra consecuencia de este desaguisado es que no es posible cuantificar de antemano el ahorro que va a obtenerse con estas medidas. Y peor es que, si el experimento no funciona, Gerencia anunció que habrá que adoptar medidas más severas. Intuimos por dónde se va atornillar.
CGT, aparte de llamar la atención sobre estos aspectos, hizo dos propuestas concretas para limitar los efectos de este cambio en las condiciones de trabajo. Por una parte, teniendo en cuenta el estudio sobre el gasto energético y el horario en que se registran las temperaturas más elevadas, propusimos que los días en que se cerrara por la tarde se utilizara el horario de periodo no lectivo, de 8 a 14. Por otra parte, ya que los cierres de las tardes afectan a personal cuya única razón para que no se les permita teletrabajar es que tienen asignado en su puesto la atención al público, propusimos que se modificara el reglamento del teletrabajo para que, excepcionalmente, pudieran solicitarlo durante estos períodos. Creemos que incrementar o, en algunos casos, duplicar, el número de personas que usan despachos y áreas para el que fueron diseñados no contribuye precisamente al ahorro energético y sí perjudica a los trabajadores y a la organización de su tiempo.
Sin embargo, la mesa sectorial aprobó por mayoría la propuesta inicial de Gerencia con las concesiones que ya había anunciado el día 19: mantener la integridad de los complementos económicos afectados por los cierres (turnicidad y jornada partida) y no computar el déficit horario en la jornada debido a cierres anticipados o por motivos de conciliación laboral.
El curso que viene, con estos mimbres, no pinta muy bien. No somos optimistas.
Pajarita rojinegra de Ramón Acín
