En la asamblea del PAS que tuvo lugar por la decisión del Rector de denegar el pago de las cantidades comprometidas en el pacto vigente cuando el personal funcionario alcanza su edad de jubilación, su órgano de representación, la Junta de Personal, informó de cómo se habían desarrollado las negociaciones con la Universidad sobre este asunto, su dilación en el tiempo y los escasos o, más bien, nulos avances en la resolución del problema suscitado por el cambio de criterio del Tribunal Supremo.
CGT constató en el desarrollo de dicha asamblea un profundo malestar del PAS.
Dicho malestar no estaba, únicamente, circunscrito a la situación particular de las personas que, de la noche a la mañana, se han visto privadas de la percepción económica de un derecho generado a lo largo de sus años de servicio a la Universidad.
El problema que salió a relucir iba mucho más allá de la recalificación jurisprudencial de lo que debe o no debe ser considerado acción social para el colectivo del personal funcionario a partir de una sentencia determinada, haya recaído esta contra el Ayuntamiento de Bilbao o a favor de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Lo que quedó claro en la asamblea, y CGT quiere resaltar hoy, es que la actitud de la Universidad hacia el PAS, manifestada por la política concebida por el Rector y su Consejo de Dirección, ejecutada fielmente por el Gerente y el Vicegerente de Recursos Humanos, lesionan gravemente los derechos de las trabajadoras y trabajadores de esta institución y suponen un incumplimiento flagrante y descarado de lo prometido por José Antonio Mayoral en sus campañas electorales de 2016 y 2020.
Este no es solo un problema de las personas que han finalizado o están próximas a finalizar su relación laboral con esta Universidad. Es un problema sintomático de la concepción que tiene este Rector y su equipo de todo el PAS. Y afecta también a quienes, jóvenes o no tanto, han comenzado hace menos tiempo a trabajar aquí y ven todavía lejano el momento del paso a su retiro.
No solo es la acción social.
Es la carrera profesional, que dista un abismo de la que se ha aprobado en otros ámbitos de la administración pública aragonesa y resulta sonrojante cuando comparamos nuestras nóminas con las suyas.
Es la promoción interna, anunciada y prometida horizontal, vertical y oblicuamente si llegara el caso, pero nunca llevada a cabo en toda su extensión, con regularidad y, por tanto, sin la imprescindible equidad.
Es el abuso de la provisión temporal de los puestos de trabajo, que muchas veces alcanza la condición de “cuasipermanente”, sin que las personas que sacan las castañas del fuego a la Universidad vean reconocida su labor con justicia.
Es una estructura de RPT esclerotizada para la mayoría del PAS, para los puestos básicos, que, sin embargo, goza de una sorprendente flexibilidad, imaginación y creatividad para algunos puestos de grupos altos.
Es el diseño de los complementos de destino y específicos, con unas determinaciones tan poco objetivas que llegan en algunos casos a ser disparatadas y carecen de la justificación necesaria para retribuir de forma diferente a quienes hacen el mismo trabajo.
Es la actitud olímpica de quienes mandan. Quienes consideran que el mejor destino para unos fondos estatales destinados a corregir carencias y desigualdades en la plantilla originadas por políticas restrictivas de gobiernos de derechas es un reparto lineal.
O sea, 16 € para todos.
Que una catedrática se lleve al mes lo mismo que una auxiliar administrativa; el Rector, lo mismo que una ASG; una Administradora que un C2 de bibliotecas. Un cirujano que trabaja como asociado cuatro horas semanales en la Universidad y las compagina con su trabajo en la Sanidad pública, lo mismo que un Oficial de instalaciones deportivas.
Nosotros no estamos de acuerdo. Este es un concepto pervertido de igualdad que CGT no comparte. Por eso votamos en contra cuando se decidió esta cuestión.
Sabemos que hay más motivos de insatisfacción y más razones de queja. Y tú las conoces.
Sin embargo, a la hora de la verdad, parece ser que la tarea de subir la persiana no es algo que le incumbe al PAS. En los años 2022-2023, el incremento presupuestario de gasto para el PDI ha ascendido a 13 millones de euros, mientras que el de PAS se ha quedado en 900.000 €. Creemos que el frío dato de estas cifras, reflejadas fielmente en los presupuestos de la Universidad de Zaragoza, es suficientemente expresivo de lo que está pasando y de lo que denunciamos.
La situación que atraviesa el PAS, a nuestro entender, es grave.
CGT quiere evitar que todo este malestar se traduzca en desmotivación, pérdida de calidad y degradación del servicio público universitario de Aragón. Porque nosotras y nosotros somos también parte esencial del mismo.
Todo el PAS está siendo perjudicado por las decisiones de este equipo rectoral, así que todas y todos debemos estar unidos para exigir el cumplimiento de todos nuestros derechos.
Hazte oír.
Son tus derechos.
Y no los respetan.
